La Asociación Española de Fisioterapeutas se suma a la satisfacción del colectivo español de fisioterapeutas por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula el decreto por el que la Generalitat pretendía regular las condiciones para el ejercicio de determinadas terapias naturales.

La sentencia, hecha pública el 12 del pasado mes de junio, estima que el decreto catalán «incurre en arbitrariedad » al «permitir a quienes no son profesionales sanitarios ejercer una profesión sanitaria, con la simple acreditación de una formación que viene a sustituir a la formación reglada indicada en la legislación». Por ello, señala que «las actividades sanitarias sólo pueden ser ejercidas por profesionales sanitarios y en establecimientos sanitarios reconocidos».

De igual manera, la sentencia ha tenido en cuenta que del decreto promulgado por el Gobierno catalán invade competencias estatales, pretendiendo regular técnicas y procedimientos que forman parte de las funciones propias de profesionales de la salud, oficiales y reguladas a nivel nacional.

El colectivo de fisioterapeutas, uno de los que más ha criticado la intención del Gobierno catalán de regular este sector, considera que las terapias manuales conforman el 70 por ciento de los estudios universitarios de Fisioterapia.

El tribunal que emitió el fallo estaba compuesto por los magistrados Emilio Berlanga, Núria Clèries, María Pilar Rovira, Javier Aguayo y María Mercedes Delgado. De ellos, Clèries formuló un voto particular en desacuerdo con la sentencia, al que luego se adhirió María Pilar Rovira.

Los argumentos de los recursos presentados por la Asociación Española de Fisioterapeutas, el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF), el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) y el propio Ministerio de Sanidad, han sido tenidos en cuenta al completo por el Tribunal Superior de Justicia para emitir su sentencia.

La Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativa del alto tribunal catalán ya acordó, en julio de 2007, la suspensión cautelar de varios artículos, como pedía el Ministerio de Sanidad, y ahora considera que la normativa catalana aprobada en enero de 2007 entra en conflicto con competencias estatales, que incluso están reguladas en legislación preconstitucional.

La normativa pretendía regular las más de 60 escuelas que imparten cursos de formación, a los 3.500 establecimientos que ofertan estos servicios y a los 5.000 profesionales que conforman el sector en Cataluña, la mayoría de los cuales debían pasar un examen para acreditarse.

En una primera reacción, la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Marina Geli, pidió al Ministerio de Sanidad y Política Social que acelere los trámites para regular el sector de las terapias naturales y afirmó que su Departamento estaba estudiando detenidamente el texto de la sentencia, sin descartar la posibilidad de recurrirla. Al cierre de esta edición del periódico, dicho recurso todavía no se había producido.